lunes, 10 de noviembre de 2008

Suprema Corte de Justicia propuso cambios proyecto de reforma

 

Dice el presentado tiene contradicciones y errores

     

La Suprema Corte de Justicia (SCJ)  solicita modificar 26 de los  32  artículos  del  proyecto de reforma constitucional relativos al Poder Judicial, porque  tienen  errores, contradicciones   y de aprobarse  debilitaría   el sistema judicial.

 

El proyecto de  reforma del Poder Ejecutivo hace referencia al Poder Judicial desde el artículo 126, pero con relación a este texto no hubo diferencias con la propuesta de la SCJ. Sin embargo,  los jueces del organismo  advierten  que no se debe limitar la facultad del Congreso de crear tribunales.

 

Parte del texto del  artículo 127 del proyecto del  Poder Ejecutivo  señala que la  ley orgánica  del Poder Judicial regulará el estatuto jurídico, pero la Suprema  advierte en su propuesta que hay un error, porque deben decir:  "La ley de carrera judicial regulará el estatuto jurídico".

 

Con relación al mismo  artículo, la Suprema sostiene que de modificarse  la ley  de carrera judicial se  estaría derogando la actual y sus reglamentos,  y señala que la disposición ha sido exitosa y  sirve  de referencia a  Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

 

 Con el  artículo 128 del proyecto del Poder Ejecutivo  los jueces de la Suprema no hicieron una propuesta definida y sólo piden que donde dice ley orgánica del Poder Judicial  se escriba  ley de carrera judicial.

 

Con  el artículo 129 la SCJ reclama modificarlo, argumentando que los redactores del proyecto del Ejecutivo   incurrieron  en un error porque indica  Corte Suprema   y debe ser Suprema Corte de Justicia.

 

En el mismo artículo recomienda que el  Consejo Nacional de la Magistratura no sea órgano de gobierno del Poder Judicial, pues sería involucrarlo en asuntos administrativos y financieros, competencia de otras instituciones.

 

 La SCJ propone que   se modifique  del mismo artículo la disposición que excluye al presidente de ese organismo  como el  tercer  hombre al mando del Consejo Nacional  de la Magistratura  y lo  baja de categoría en un  séptimo lugar.

 

En el 130 la Suprema  recomienda que se modifique su  redacción  para que    se cambie la propuesta del Poder Ejecutivo de crear una Sala Constitucional y un Tribunal Superior Administrativo  con la misma jerarquía que los jueces de la Suprema Corte.

 

Con el  artículo 131 del proyecto de reforma la SCJ señala que no  tiene  diferencia, pero pide que  se precise el término "magistrados" por el de "jueces" en razón de que con el primero también se llama a los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y representantes del Ministerio Público.

 

También advierte que el artículo 132 del Poder Ejecutivo tiene una  contradicción  en  su párrafo dos, porque habla de la ley orgánica del Poder Judicial y debe decir   ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

 

Asimismo, en  relación al artículo 133 el Poder Judicial recomienda que se modifique el proyecto del  Ejecutivo porque consigna que la Suprema debe estar compuesta por  16 jueces.

 

El máximo tribunal sugiere que esté integrado por al menos  21 jueces para que se  dividan en   cuatro salas.

 

Con el artículo 134 no hubo mayor diferencia en las propuestas de los poderes Ejecutivo y Judicial como  requisito para ser juez de la Suprema Corte.

 

 La Suprema advierte que "las equivalencias en cortes y juzgados de primera instancia no debe ser lo mismo, porque las funciones que realizan son  diferentes  y se eliminan a los  jueces de la jurisdicción inmobiliaria".

 

En el artículo 135, el tribunal supremo sostiene que la  Sala Constitucional debe formar  parte de ese organismo y que se establezca que su designación  corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con lo dispuesto por su Ley Orgánica.

 

Con relación al  artículo 136 propone que diga  Cuarta Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia para que  quede establecido que este tribunal pertenece al Poder Judicial.

 

Con el artículo 139 la Suprema sólo pide que se  especifique que el Consejo del Poder Judicial es un órgano del gobierno administrativo del sistema de  justicia, "y debe quedar claro que  no tiene carácter jurisdiccional".

 

Dos figuras jurídicas

 

La reforma judicial que se implementó en la República Dominicana en el año 1997 estuvo  sustentada en la modificación  a la Constitución realizada en agosto de 1994 en medio de una crisis post-electoral.

 

En aquella ocasión se crearon dos nuevas figuras jurídicas: el  Consejo Nacional de la Magistratura y la inamovilidad de los jueces. Asimismo, se despojó al Senado de la facultad de nombrar  los miembros de la judicatura nacional.

 

Como producto de la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en agosto de 1997 se implementaron cambios en la Justicia, creando la carrera judicial y la Escuela de la Judicatura.

 

El poder ejecutivo

 

El proyecto que envió el Presidente al Congreso

 

El presidente Leonel Fernández  presentó ante la Asamblea Nacional un  proyecto de reforma a la Constitución de 254 artículos, destinado a sustituir la  actual Carta Magna que sólo consta de 122, aprobada durante el  primer gobierno de Joaquín Balaguer en 1966.

 

En el proyecto de Fernández se procura  modificar gran parte de las disposiciones vigentes y con relación al sistema de Justicia busca crear dos tribunales, un  constitucional y contencioso tributario  fuera del Poder Judicial con la misma jerarquía que los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

 

También consigna la creación de un órgano para supervisar la administración del Poder Judicial y la carrera de todos los miembros de la judicatura.

 

El proyecto es estudiado por una comisión  bicameral integrada por  senadores y diputados, quienes han realizado vistas públicas.

 

Suprema corte de justicia

 

Un tsunami contra el sistema judicial dominicano

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, encabezado por  Jorge Subero Isa, definió el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo como un tsunami contra el sistema de Justicia, porque pretende crear otros dos tribunales para  dividir el  tercer Poder del  Estado en tres órganos.

 

Además, porque convierte la Suprema Corte de Justicia en una simple corte de casación para decidir los procesos judiciales  en tercer grado.

 

Subero Isa no descarta que la incidencias de los políticos vuelvan a ser determinantes en las decisiones de los tribunales si se aprueba el proyecto de modificación de la Carta Magna tal y como  fue  presentado por el Poder Ejecutivo.

 

Atribuye el plan contra la  Suprema a  los sectores políticos  que, dice, están   dando muestra que  desean dominar  los asuntos  constitucionales y los conflictos contenciosos tributario.




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viernes, 7 de noviembre de 2008

Cura pide a legisladores reformar con cuidado la Constitución

Jesús Maria Echevarria, cura párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Consolación,  pidió a los diputados y senadores tener cuidado en lo que se pretende hacer reformando la constitución de la República.

 

Recordó, que el extinto ex presidente doctor Joaquín Balaguer Ricardo llegó ha calificar la constitución como un pedazo de papel, lo que significa que la importancia que le tuvo a la carta magna de la nación.

 

Agregó, que otros gobernantes han tratado de reformar la constitución de la República, solo para satisfacer sus intereses, los intereses de su  grupo, y su  partido.

 

El sacerdote Jesús Maria Echeverría señaló,  que de poco serviría una constitución muy bien elaborada y escrita, si no sirve a la mayoría del pueblo dominicano, no se crea a favor de la mayoría del pueblo dominicano no seria justa.

 

"En este sentido hay varias cosas que hoy  quiero compartir con los amigos que tienen la responsabilidad municipal y provincial, esta muy bonita el centro de la ciudad y que luzca bello, y bien vigilado, están muy que los parque avenida luzcan bien, y llegarán los días de la navidad, donde se hagan reparto de canasta y fundas, y muchas no llegaran a los mas necesitados.

 

Pero cuando vayan a hacer campaña caminen por  Yaguate, Semana Santa, Villa Altagracia, Haina, y barrios marginados de San Cristóbal, donde sus calles están deterioradas ".

 

El sacerdote en su alocución con motivo de la firma  de la constitución, dijo que estos municipios y barrios de San Cristóbal, hay muchas famillas, que no viven dignamente, que no tienen forma de educarse.

 

Recordó, que cientos de estudiantes retornan cada noche a sus hogares, porque no existe energía eléctrica en sus planteles, y una persona que no pueda prepararse, ahora en primaria, segundaria y la universidades, no podemos pensar que vamos a tener un pueblo desarrollado y que vamos a estar bien de todo.

 

Precisó, el  cura Jesús Maria  que la carencia de educación, de energía eléctrica, es campo para la corrupción, la falsedad, la mentira, por lo que las autoridades tienen que preocuparse por los más esencial que hay en nuestros pueblos, y los mas esencial son las personas.

 

"Las obligaciones y los derechos son comunes a todos los dominicanos, y en ese sentido los que tienen la responsabilidad, de hacer que la constitución se respecte para todos y por todos, y que todos somos signatarios de los derechos humanos".

 

 

 

Al Tedeum ofrecido en la parroquia de La Consolación, de San Cristóbal, con motivo del 164 aniversario de la Constitución, estuvieron presente el gobernador civil doctor Orlando Espinosa Medina, el sub-secretario administrativo de la presencia, licenciado Rafael Pérez Modesto, el jefe de la Policía Nacional, Mayor General, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el ex general  de la Policía Nacional, periodista Simón Antonio Díaz, y comisiones de oficiales de las Fuerzas Armadas, entre otros personalidades.




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Max Puig: "Proyecto de Ley de Primer Empleo no beneficia a los jóvenes"

En una carta dirigida al Presidente del Senado, el Secretario de Trabajo resalta la importancia de impulsar acciones a favor de la juventud protegiendo sus derechos

 

El secretario de Estado de Trabajo, doctor Max Puig, consideró que a pesar de que tiene un nombre atractivo, la propuesta de ley de Primer Empleo es un proyecto de corte neoliberal que no beneficia a los jóvenes y que, de ser aprobado, afectaría el prestigio internacional de la República Dominicana.

 

Recordó que esta experiencia ya ha sido deplorada en otros países y va a contra corriente del espíritu de fortalecimiento de las conquistas alcanzadas por la humanidad.

 

En una carta dirigida al doctor Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, Puig resaltó la importancia de impulsar acciones a favor de la juventud dominicana, garantizando y defendiendo siempre la protección sus derechos.

 

A continuación se presenta in extenso la comunicación:

 

 

Doctor

Reynaldo Pared Pérez

Presidente del Senado

y demás integrantes del Senado de la República

Palacio del Congreso Nacional

Ciudad

 

Asunto: Proyecto de Ley del Primer Empleo

 

Distinguidos presidente y demás integrantes del Senado de la República:

 

El  pasado día 2 de octubre del presente año la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley llamado de Primer Empleo. Por vía de consecuencia, de acuerdo al ordenamiento constitucional que rige la República Dominicana dicho proyecto deberá ser conocido por el Senado de la República.

 

En tal sentido, la Secretaría de Estado de Trabajo se siente obligada a llamar la atención de ese Honorable cuerpo legislativo sobre las implicaciones que tendría la  aprobación del  indicado proyecto de parte del Senado y, por tanto, su conversión en ley.

 

Desde el día 2 de junio del presente año, la Secretaría de Trabajo, tras recabar la opinión del Consejo Consultivo del Trabajo, emitió una comunicación al Senado expresando su opinión respecto al proyecto de ley llamado de Primer Empleo. En esa misiva el entonces titular de esta cartera, licenciado José Ramón Fadul, advirtió que resultaría inconveniente la aprobación del indicado proyecto de ley.

 

Hoy día, a raíz de la aprobación del susodicho proyecto por la Cámara de Diputados y habiendo estudiado a fondo su contenido, esta Secretaría de Estado reitera la posición que expresara en junio pasado.

 

Es opinión de la Secretaría de Estado de Trabajo que el proyecto de ley de Primer Empleo, tal y como ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, contradice acuerdos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo y que colocan en un primer plano el concepto de trabajo decente.

 

Debemos resaltar que al firmar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América y con los Estados de Centroamérica, conocido como DR-CAFTA, la República Dominicana se comprometió a respetar derechos de los trabajadores que también son vulnerados por las disposiciones del proyecto de ley que ocupa nuestra atención.

 

Por otro lado, el proyecto de ley contiene disposiciones que atentan contra los derechos laborales consignados en la ley 16-92 que establece el Código de Trabajo.

 

Del mismo modo, la pieza legislativa en cuestión reduciría los ingresos del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en momentos que el país requiere incrementar su inversión en la formación y capacitación de sus recursos humanos a fin de elevar la competitividad empresarial nacional.

 

La Secretaría de Estado de Trabajo entiende, además, que el Senado de la República debe tomar en consideración los criterios expresados por sectores representativos  gubernamentales, empresariales y sindicales, así como por especialistas en la materia, que han manifestado su desacuerdo con la eventual aprobación del citado Proyecto, a partir de la experiencia que han vivido otros países al aprobar proyectos de ley similares.

 

Lejos de propiciar la creación de nuevos empleos para los jóvenes, proyectos similares han conllevado en otros países la suplantación de empleos, eliminando a antiguos trabajadores que tenían derechos garantizados, por jóvenes empleados desprovistos de los más elementales derechos.

 

Es partiendo de lo anterior que connotados especialistas del derecho laboral han rechazado este tipo de proyectos de ley, al considerar que precarizan el empleo, lo hacen vulnerable o, como muchos de ellos expresan, crean "empleos chatarra" o "empleos basura".

 

El movimiento sindical, por su parte, ha rechazado este tipo de proyectos en prácticamente en todos los países. La República Dominicana no es excepción y todas las centrales sindicales del país se oponen a la conversión en ley del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

 

La Secretaría de Trabajo considera que, lejos de ayudar a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral mejorando las condiciones del empleo en la República Dominicana, el proyecto de ley sometido a la consideración del Senado de la República tiende a afectar a los jóvenes que se pretendería favorecer, enturbiaría las relaciones laborales en nuestro país y proyectaría una mala imagen de la República Dominicana en el extranjero.

 

Por todas las razones antes expuestas la Secretaría de Estado de Trabajo reafirma la posición que expresara en su comunicación de fecha 2 de mes de junio del año en curso dirigida al Senado de la República, solicitándole formalmente a esa Honorable Cámara Alta no aprobar el proyecto de ley llamado de Primer Empleo en los términos en que está formulado, por no estar éste en consonancia con los marcos legales laborales existentes en el país ni con los acuerdos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria.

 

Al agradecer la atención dispensada a nuestras consideraciones, nos ponemos a sus gratas órdenes para ofrecer cualquier información adicional. De la misma manera, ponemos a la disposición del Congreso Nacional los expertos al servicio de esta Secretaría de Estado, sea para facilitar la modificación sustancial del proyecto sometido a su consideración, como para contribuir a la elaboración de cualquier otro texto de ley que contribuya a la inserción de los y las jóvenes de la República Dominicana en el mercado laboral.

 

Con sentimientos de alta estima y consideración, se despide.

 

Muy atentamente,

 

 

 

 

Dr. Max Puig

                                                                                                    Secretario de Estado




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miércoles, 5 de noviembre de 2008

108 tribunales pendientes funcionamiento


108 tribunales pendientes funcionamiento
 


  • El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge A. Subero Isa, informó que actualmente están pendientes en todo el país la puesta en funcionamiento de 108 tribunales creados por ley, en los cuales trabajarán 154 jueces y un personal administrativo de 621 servidores judiciales.

    El magistrado Subero Isa explicó que esos nuevos tribunales prestarán sus servicios en los departamentos judiciales del Distrito Nacional, con un tribunal; provincia Santo Domingo, 19; San Pedro de Macorís, 11; El Seybo, 5; San Cristóbal, 12; Barahona, 7; San Juan de la Maguana, 12; La Vega, 5; San Francisco de Macorís, 7; Santiago, 12; Puerto Plata, 8; y Montecristi 9, los cuales conllevarán una inversión de RD$452,629, 275.92 que deberá ser sumado al presupuesto de 2009.

    Entre los tribunales pendientes de funcionamiento figuran salas especializadas de Niños, Niñas y Adolescentes, cortes de Apelación, tribunales Colegiados, juzgados de Trabajo, de Paz, salas Civil y Penal, de Tránsito, juzgados de la Instrucción y tribunales superiores de Tierras, que están ubicados, además del Distrito Nacional y varios municipios de la provincia Santo Domingo, en Hato Mayor, Higüey, La Romana, Azua, San José de Ocoa y Villa Altagracia.

    Asimismo, en Neyba, Jimaní, Pedernales, Elías Piña, Matayaya, Moca, Cotuí, Tireo Arriba y La Sabina (Constanza), Jarabacoa, Salcedo, Samaná, Nagua, Jaibón, La Canela, Puerto Plata, Hatillo Palma y Villa Elisa, entre otros municipios de todo el territorio nacional. Esos tribunales son un constante reclamo de los ciudadanos y autoridades de dichas comunidades.

    El doctor Jorge A. Subero Isa aclaró que el bajo presupuesto con que se ha estado desenvolviendo durante todos estos años el Poder Judicial, ha sido el principal obstáculo para que esos tribunales comiencen a funcionar en cada una de esas jurisdicciones.

    Insistió en que se debe continuar desarrollando los planes de innovación y proyectos programados, dirigidos a incrementar la eficiencia del sistema de administración de justicia.

    "La cobertura del servicio del acceso a la justicia no ha sido más amplia debido a que las asignaciones presupuestarias recibidas por el Poder Judicial en el período comprendido entre el 2003 y 2007 han sido insuficientes, con el agravante del incumplimiento a la ley que establece una asignación porcentual mínima para cubrir las necesidades y desarrollar todos los planes y proyectos de este importante poder del Estado", detalló el Magistrado, quien se mostró optimista y esperanzado de que muy pronto tengamos funcionando esos tribunales.

    La Ley 46-97, del 18 de febrero de 1997, consagró la autonomía administrativa del Poder Judicial, y el 12 de agosto de 2004 se promulgó la Ley 194-04 que dispone su autonomía presupuestaria y administrativa, así como una asignación de un 2.66% de los recursos internos de la Nación para sus necesidades, planes y programas de desarrollo.



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Subero dice reforma constitucional quitaría facultad SCJ para enjuiciar funcionarios


Subero dice reforma constitucional quitaría facultad SCJ para enjuiciar funcionarios
Ramón Cruz Benzán - 11/5/2008
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Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, advirtió hoy que ese tribunal quedaría disminuido a una simple Corte de Casación y la institucionalidad del país llegaría a su fin, si se aprueba tal y como fue enviado al Congreso el proyecto de reforma constitucional.
Dijo que con la reforma se le quitaría a la SCJ la facultad de juzgar a los funcionarios del gobierno con privilegio de jurisdicción.
Indicó que solicitó una segunda ola de reforma judicial y que el Poder Ejecutivo, en cambio, introdujo un "tsunami asiático que amenaza con terminar la institucionalidad del país".
Indicó que "esto es totalmente muy peligroso y de aprobarse el proyecto como está terminaría con la institucionalidad de la República Dominicana y el Poder Judicial quedaría disminuido pura y simplemente en una Corte de Casación.
El presidente de la SCJ fue entrevistado en el viejo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, a donde acudió junto al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, para tomarse las huellas dactilares para ser captadas en el sistema biométrico de la Junta Central Electoral (JCE).
Al lugar también acudieron el director de prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez y el presidente de la Campara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario.



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domingo, 2 de noviembre de 2008

Corte Penal Internacional no juzga personas

Corte Penal Internacional no juzga personas
Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la CPI (Fuente externa)
 
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, aclaró que ese organismo no condena a personas y países, sino que se dedica exclusivamente a realizar investigaciones minuciosas en al menos 18 países.
 
Además, defendió la transparencia con que trabaja la CPI y reseñó que sólo es una corte de judicial, por lo que no podría ir más allá, como en ocasiones la gente espera.
 
Dijo que no podría encerrar a nadie por corrupción porque no cuenta con leyes a mano que se lo permitan, al tiempo de instar a los congresistas a legislar para cambiar las normas que puedan propiciar una mayor sanción de la corrupción.
 
Moreno Ocampo participó en el XXX Foro Anual de Acción Mundial de Parlamentarios, celebrado en el Congreso Nacional. Allí respondió preguntas, principalmente sobre investigaciones sobre Sudan y Afganistán y sus relaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



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