martes, 28 de octubre de 2008

Me han robado por medio de una transferencia bancaria



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--- El mar 28-oct-08, William Alcántara <tuopinionsur@yahoo.com> escribió:
De: William Alcántara <tuopinionsur@yahoo.com>
Asunto: [OpinionSur] Me han robado por medio de una transferencia bancaria
A: tuopinionsur@yahoo.com
Fecha: martes, 28 octubre, 2008, 9:05 pm


Me han robado por medio de una transferencia bancaria

He sido victima de un robo a través de una transferencia electrónica de mi cuenta de ahorro del Banco de Reservas. Pero gracias al sistema anti robo del banco se pudo detectar a tiempo y el responsable de nombre JAVIER UBALDO DE LEON RODRIGUEZ Cedula de Identidad No.031-0530169-5 fue apresado y se le dicto medida de coerción.

A diario se están reportando robos de identidad sancionado por Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que establece condenas de hasta de diez años de prisión y multas de cien a quinientas veces el salario mínimo.

La mayoría de los ciudadanos que son victimas de robo de identidad pero que el banco más delante le devuelve la cantidad de dinero robada se quedan de brazos cruzados y no proceden a reclamar por ante los tribunales del país la reparación del daño causado.

Es por esto que estoy procediendo a constituirme en querellante y actor civil para demandar por ante los tribunales a este joven que violó mi identidad y penetro a mi cuenta personal para hacer una transferencia ilegal utilizando la tecnología en mi perjuicio.

La Constitución la leyes nacionales como los tratados y convenciones internaciones me protegen y me el derecho para actuar y dar un ejemplo que sirva para motivar a los demás que a diario están siendo victima de este tipo de delitos para que lo denuncien y procedan legalmente.

El crimen y los delitos de alta tecnología se realizan con frecuencia en nuestro país a través de la transferencia de fondos de cuentas de ahorros y corrientes así como de tarjetas de créditos y de debitos.

La Ley 53-07 establece en su articulo primero que el objeto es la " protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o morales, en los términos previstos en esta ley. La integridad de los sistemas de información y sus componentes, la información o los datos, que se almacenan o transmiten a través de éstos, las transacciones y acuerdos comerciales o de cualquiera otra índole que se llevan a cabo por su medio y la confidencialidad de éstos, son todos bienes jurídicos protegidos".

No podemos ser indiferentes y todo aquel que ha sido victima de robo de identidad y de transferencias ilegales deben actuar inmediatamente y constituirse en querellantes y actores civiles para reclamar por ante los tribunales la reparación de los daños causados por los que utilizan la tecnologías para robarnos nuestro dinero que tenemos depositado en los bancos.
Es tiempos de actuar…no nos quedemos indiferentes ante este crimen de alta tecnologia.


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Publicado por William Alcántara para OpinionSur el 10/28/2008 08:04:00 PM



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viernes, 24 de octubre de 2008

Mayoría organizaciones asisteron al Congreso están a favor de Constituyente

Mayoría organizaciones asisteron al Congreso están a favor de Constituyente
 
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   9:17 PM -

SANTO DOMINGO, R.D.-El mayor número de las organizaciones que participaron este jueves en la vista pública que realizó la comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma constitucional consideran que la nueva Carta Magna debe hacer mediante una  constituyente, contrariando al presidente Leonel Fernández, quien plantea el mecanismo de una asamblea revisora.

Entienden que previo a esto, los senadores y diputados deben reunirse en asamblea revisora para modificar los artículos 116, 117, 119 y 120 de la actual Constitución, a fin de introducir la figura de la constituyente.

Consideran que para que el país pueda darse una nueva Constitución, los legisladores deben ser escogidos por la población tomando en cuenta a representantes de todos los sectores de la sociedad, para que se dediquen a examinar lo que sería la nueva Carta Magna.

Esta posición es contraria a la de presidente Fernández, quien plantea que sea por una asamblea revisora, con los actuales legisladores.

En la vista pública expusieron  los representantes de Participación Ciudadana, Centro de Recursos Educativos Salomé Ureña, Nueva Izquierda, Círculo-Caamañistas y la Academia de Ciencias, entre otras entidades.

Francisco Checo hablando a nombre de Participación Ciudadana, dijo que el mecanismo de la asamblea constituyente tiene una amplia tradición en la historia constitucional y representa numerosas ventajas respecto a la asamblea revisora.

Entiende que estaría integrada por un conjunto de personas dedicadas exclusivamente al a redacción de una nueva Ley suprema, a diferencia de la asamblea revisora, que está forzada a coexistir con todo el trabajo inherente a las competencias del Congreso Nacional. 

Indica que a través de la constituyente se dispone del tiempo necesario para redactar pausadamente la Constitución, sin someterse a las presiones derivadas de la cotidianidad política, y dedicando el esfuerzo que sea necesario para que sus resultados estén revistados de la mayor calidad posible.

Narciso Isa Conde, Nueva Izquierda-Círculos Caamañistas, consideró este Congreso debe ceder su espacio y dar paso un poder más democrático al que se le asigne, como producto de la voluntad soberana del pueblo, ese trascendente papel.

Ramón Almanzar, de la Unidad del Pueblo y Nueva Alternativa, dijo que la Constitución vigente referido a las reformas constitucionales, en sus 5 artículos, solo ordena reforma de la Carta Magna, no aprobación de una nueva Constitución.

Señala que de ahí que la convocatoria hecha por el presidente Fernández solo tiene validez para que la propia asamblea revisora, apruebe la constituyente por voto popular y proceda con apego ala Constitución a determinar la metodología para elección de los legisladores constituyentes que asuman la responsabilidad histórica de aprobar una nueva Constitución. 

Valerio Lara, del Centro de Recursos Educativos Salomé, dijo que el proyecto sometido por el presidente Fernández contiene por los menos 16 párrafos con errores de redacción, ambigüedades y términos extraños, los cuales son contrarios a la Carta Magna.

Mientras, que el Partido de los Trabajos Dominicanos, el abogado Candido Simó se identificaron con el proyecto de sometido por el presidente Fernández.

Simó dijo que se opone que se cree una sala constitucional independiente a la Suprema Corte de Justicia, ya que se debilitaría es órgano judicial y defendió el trabajo realizados por los actuales jueces.

Mientras, que el tema generó enfrentamiento entre las organizaciones civiles y religiosa fueron los artículos 29 y  30 del proyecto de reforma constitucional.

Francis Taylor agrega a organizaciones de hombre gays, transexuales y transgéneros, pidió que en el artículo 29 del titulo II, sean incluidas de manera explicita la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.

Este artículo 30 establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.

Lo que se oponen a este artículo defienden el aborto, mientras la Iglesia Católica pide que se penalice esa práctica por que solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano.

Entienden que el 50% de los cánceres de mama se producen por los abortos.




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jueves, 16 de octubre de 2008

Corte Federal niega nuevo juicio a Fátima Henríquez, esperan documentos y evidencias contra Quirino


Corte Federal niega nuevo juicio a Fátima Henríquez, esperan documentos y evidencias contra Quirino 
 
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NUEVA YORK._ La empresaria Fátima Henríquez Díaz sale apresurada de la corte federal junto a la abogada Shinhong Byun del bufete que la defendió en el juicio en el que fue hallada culpable. 
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   6:27 PM -

NUEVA YORK._ La jueza en jefa de la Corte Federal del Distrito Sur Kimba M. Wood donde se ventila el caso Quirino, negó una petición del abogado Eric Franz que representó a Fátima Henríquez Díaz en el juicio en la que un jurado la declaró culpable por lavado y conspiración, mientras según los papeles de ese tribunal, la fiscalía sigue a la espera de documentos y evidencias contra el ex capitán del Ejército Nacional.

La moción del jurista basada en el reglamento 33 del sistema de justicia federal de los Estados Unidos que establece la posibilidad de un nuevo juicio en casos extraordinarios o después de veredictos que los acusados y abogados cuestionan por fallas técnicas o irregularidades, fue sometida el pasado 10 de octubre y hoy la jueza que encabeza el caso, emitió su fallo negativo al respecto.

El representante legal de la empresaria dominicana involucrada desde el 2003 en el expediente Quirino, enjuiciada y hallada convicta por los dos cargos a comienzos de septiembre pasado, alegó en un documento archivado con el número 356 que tanto el testimonio del mellizo David Ulloa como las evidencias presentadas ante el jurado y la corte por la fiscalía, carecían de credibilidad por tratarse de un reconocido narcotraficante, imputado con cinco cargos y que negoció su acusación con la fiscalía para beneficiarse de una sentencia benévola a cambio.

También argumentó que los miembros del jurado pudieron haberse confundido debido a que no fueron "instruidos" adecuadamente sobre las acusaciones específicas contra su clienta: lavado de $300 mil dólares y conspiración como parte de una organización internacional de narcotráfico con base en  la República Dominicana.

"Las evidencias y las supuestas pruebas como transacciones bancarias y el envío de dinero al señor Ulloa que como soporte a sus alegaciones, presentó la fiscalía fueron insuficientes para hallarla culpable", dice el abogado Franz en su pedido a la jueza.

"La corte instruyó erróneamente al jurado y nuestro sistema de justicia federal tiene muchos precedentes que basándose en esa razón, han facilitado, a discreción de la corte, nuevos juicios a los inculpados", añade el documento.

El abogado también recuerda que los fiscales se opusieron a la presentación en el juicio de unos 16 testigos, todos acusados de cinco cargos diferentes a los imputados a Fátima. "La corte pudo notar que sólo ella se presentó a un juicio", sostiene el jurista.

"La corte deberá estar en disposición de aceptar y facilitar un nuevo juicio, cuando lo requiera el interés de la justicia", apunta el reglamento 33 en el que basó el abogado su petición para una nueva causa contra la empresaria propietaria de las empresas Fama Shipping y Quality Shipping.

Precisamente, apoyándose en transacciones hechas por Henríquez Díaz de una empresa a otra entre agosto y diciembre del 2003, fue mantuvo la acusación contra la dominicana.

"Aunque la corte encontró el testimonio de Ulloa, el mismo fue inconsistente", aduce el defensor y dijo que la acusada siempre ha mantenido su versión de que creyó que Ulloa era realmente un empresario de la construcción honesto y fue por ello que le hizo el envío de la cuantiosa suma desde Estados Unidos a la República Dominicana.

"El dólar es la moneda nacional de los Estados Unidos", indica el abogado para tratar de decir que la cantidad no procedió del país caribeño donde la supuesta banda liderada por Quirino tenía su cuartel general, según la fiscalía.

"En las últimas dos conversaciones telefónicas entre Fátima y los llamados conspiradores, nadie mencionó los nombres y apellidos de ella completos", sostiene la petición. Esa conversación tuvo origen el 16 de septiembre del 2003.

Y recalca que Fátima como propietaria de dos importantes de embarques, estaba en el derecho de hacer transacciones en dinero efectivo, no importando la cantidad. "Su manejo siempre estuvo acorde con la estructura y el movimiento administrativo de sus empresas", explicó el abogado Franz.

Refiriéndose a otra llama hecha el 29 de septiembre del 2003, el jurista alega que la acusada llamó a Ulloa para hablar de otro envío que en nada se relacionaba con el primero. "Durante ese período, Fama Shipping tuvo un alto volumen de negocios moviendo dinero en efectivo desde y hacia los Estados Unidos". Empero, Franz sostiene que entre agosto y diciembre del 2003, la empresa sólo ejecutó tres transacciones financieras en los bancos donde tiene sus cuentas.

"Y entre esas transacciones figura dinero pagado en la República Dominicana y transferencias hechas a Fama Shipping". También se refirió a dos cheques, copias de los cuales fueron presentados por los fiscales en el juicio y sostuvo que se usaron "para pagar impuestos en la República Dominicana".

Además de Franz, la abogada de su bufete Shinhong Byun actuó como asistente de éste en el juicio.  

CONCLUSION DE LA JUEZA

Por su parte y al responder a la petición, la jueza Kimba Wood dijo en la conclusión de un documento de 18 páginas que firmó que las evidencias, los récord bancarios y el testimonio de Ulloa, apoyan contundente el veredicto de culpabilidad contra la señora Henríquez Díaz.

"Después de una sustancial revisión, la corte encuentra que los argumentos para condenarla tienen méritos suficientes y por estas razones, la corte niega a la acusada un nuevo juicio, cuya petición está basada en el reglamento 33", terminó diciendo la magistrado federal.

La fecha para sentenciar a la empresaria no ha sido fijada por el momento. 

QUIRINO

Mientras tanto la oficina de la jueza, la fiscalía y el abogado Lawrence F. Ruggiero que representa a Quirino, siguen manteniendo un hermético silencio sobre la situación jurídica del ex capitán, un documento del tribunal federal fechado el primero de enero de este año indica que el fiscal adjunto John O´Donnel solicitó una extensión de más tiempo a la jueza a la espera que desde la República Dominicana se envíen evidencias y documentos contra el acusado.

Aunque ese fiscal dijo en el juicio a Fátima que "todos han negociado", no se ha informado oficialmente si el presunto líder del grupo recluido desde el 2004 en la cárcel federal del 150 de Park Row, próximo  a la corte, ha hecho algún acuerdo con los fiscales o si se prevé que iría a un juicio para tratar de demostrar su inocencia.

Quirino al igual que muchos de los otros acusados que ya se transaron ha mantenido su posición de "no culpable" desde el primer día en que fue presentado en la sala 15B bajo unos 12 cargos federales. 


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sábado, 4 de octubre de 2008

¿Que hay de instructivo en el instructivo de la Resolución 012 de la JCE?

MIGRACION
¿Que hay de instructivo en el instructivo de la Resolución 012 de la JCE? One Respe
Equipo de Investigación ONE RESPE
SANTIAGO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008.- La Junta Central Electoral embrolla aun más las garantías de los derechos de nacionalidad y ciudadanía al poner en vigencia el instructivo de la Resolución No. 012/2007 que autoriza a la JCE a "suspender provisionalmente la expedición de actas del Estado civil viciadas o instrumentadas de manera irregular". Es tal el enredo que, a riesgo de perder asiduos lectores, volvemos a referirnos a este tema.

Ni la transparencia, ni el respeto al debido proceso son dimensiones debidamente atendidas en dicho instructivo. Comienza indicando a los oficiales, funcionarios e inspectores de la JCE que "detecten actas o folios del Registro Civil viciados o instrumentados de manera irregular", a dar inicio al "proceso de investigación administrativa". No especifica que entiende por "viciados" o "instrumentados de manera irregular".

Mientras "dure el proceso de investigación", establece el instructivo de marras, no podrán "expedirse ni firmarse copias, certificados o extractos,… a menos que sea para fines judiciales". No se establecen plazos, ni consideran las consecuencias que esto tiene, los daños morales y materiales que conlleva para los ciudadanos cuyo expediente está "bajo investigación". Dicha suspensión sin límites les perjudica en el ejercicio de sus derechos.

El instructivo no instruye, no establece cuales son los criterios empleados en la selección y revisión de los expedientes. Por lo visto, aparentemente seleccionan los casos a partir de los apellidos y de la nacionalidad de los padres. Hay noticias de funcionarios que han reparado en el acento o en el color o las facciones del implicado. Da la impresión, dada las características de los casos denunciados, de que la "política de rescate y adecentamiento" que impulsa la Cámara Administrativa de la JCE se trata, en lo fundamental, de una práctica discriminatoria.

Ya de por sí el trato discriminatorio es evidente en el decir de los funcionarios de distintas oficialías que coinciden en afirmar que se trata de los "hijos de extranjeros", lo que supone, de un lado, que no buscan irregularidades ni vicios cuando los padres son nacionales dominicanos, y, por otro lado, se sabe que en el país cuando se habla de extranjeros, si no son turistas, son usualmente haitianos; que hay extranjeros de palco y extranjeros de gradas, medidos según "el color del cristal…."

Milonda nació en el municipio de Esperanza en 1989. A los pocos días fue inscrita en la Oficialía Civil de ese municipio, por su padre, un trabajador agrícola que llegó como bracero en 1970, y su madre, que llegó al país en 1984. Tiene nueve hermanos, todos tienen acta de nacimiento de RD y tres tienen cédula de identidad y registro electoral. Milonda completó sus estudios de bachillerato este año. Cumplido los 18 años y en ánimo de ingresar a la universidad solicitó a la JCE en Mao que le expidiera su cédula de identidad y registro electoral. La JCE rechazo la solicitud alegando que "no aparecían los documentos de su padre". Igual le dijeron en Santiago: "los hijos de los extranjeros tienen que ir a Santo Domingo". Igual le dijeron en Santo Domingo, donde también la exhortaron a que "esperara por el anuncio de la Junta sobre casos como esos".

Según el instructivo los Oficiales del Estado Civil "informarán a los interesados que su expediente se encuentra bajo investigación por las irregularidades encontradas". En ninguno de los casos que conocemos se ha cumplido con esta directriz de manera formal, con detalles sobre los motivos, mucho menos por escrito. La información "la dan de boca", de manera informal, nunca explican el detalle de la causa de esta situación ni precisan los recursos legales o adaministrativos que asisten al perjudicado/a, ni el procedimiento a seguir. En dos casos, los de Tinito y Milonda, los funcionarios en la sede central de las JCE les han dicho que "esperen por el anuncio de la Junta".

Mientras tanto, "el proceso" queda en manos de las Cámara Administrativa de la JCE el tiempo que esta desee, sin reparar en el daño que causan, sin rendir cuentas a nadie, incluido entre los ninguneados, a la víctima o víctimas, a las personas perjudicadas por esta decisión. El celo administrativo exacerbado convierte lo provisional en eternidad. Esa es su vocación. Con ello, erosiona sensiblemente el poder judicial. "Suspender provisionalmente" es el truco burocrático que enajena el disfrute de derechos ciudadanos y escurre el bulto a las garantِías del debido proceso, sin tener que recurrir a los tribunales judiciales, única instancia a la que compete la decisión respecto a la anulación de un Acta del Estado Civil.

El instructivo alega que toma en cuenta "la necesidad de información". A esos fines instruye habilitar un centro de llamadas telefónicas para "informar al ciudadano (ups!) sobre el estado de investigación en que se encuentra su caso", pero nada de notificar cuánto durará la suspensión de las Actas del Estado Civil "viciadas o irregulares" (ups! – es decir, ya juzgadas de antemano como tales, quedando en manos del otro, de nosotros, de los perjudicados, demostrar inocencia, no-culpabilidad, por una declaración vista, recibida, reconocida y legitimada por un oficial civil)

Si existe vicio o irregularidad, ¿Quién es responsable de ellos? ¿Quién debe cargar con las consecuencias? Milonda tenía menos de un mes cuando la declararon en la Oficialía Civil del municipio de Esperanza, en la provincia Valverde. Suponiendo que el acta de nacimiento, inscrita y legalizada hace 19 años, tuviera alguna irregularidad, ¿Por qué se perjudica a Milonda negándole su cédula de identidad? Si se cometió alguna irregularidad, ¿no es asunto que involucra al declarante o al oficial civil?

Al final del proceso le toca a la víctima, al perjudicado, a la perjudicada probar que es buen cristiano y pagar los costos de la eliminación de la "suspensión"… y, si lo desea, los de la "instrumentación de una nueva acta, y esta sea procedente de conformidad con la Ley….". Le corresponde a la persona "suspendida", "presentar los documentos justificativos requeridos", los mismos que no especifica pero que en los casos que conocemos se reducen a exigir una visa de residencia a los padres de los/as declarados/as, condición que no contemplaba la ley de Migración antes de agosto del 2004. Pero eso fue lo que le pidieron a Tinito y a Milonda. En todo caso, el peso y, el costo de la prueba recaen sobre los "suspendidos" (¿acusados?): les toca probar que son inocentes y que en su caso cumplieron entonces con los requisitos de una ley que entró en vigor décadas después.

Y ya, como último punto del instructivo, establecen que el Pleno de la Junta Central Electoral dispondrá "apoderar a los Tribunales de la República" para solicitar la "anulación por vía judicial de la misma". Rezagados, también ellos, los tribunales, han sido expropiados o han abdicado, en los hechos, a su deber y compromiso de garantizar el disfrute pleno de los derechos de nacionalidad y ciudadanía, de protegerlos de la voracidad de la burocracia, de velar por el respeto al debido proceso.

El instructivo contribuye a fortalecer las prerrogativas del poder administrativo burocrático en menoscabo del poder judicial; situación a la que, por demás, ha dado pie la Suprema Corte de Justicia con su actuación pusilánime en lo que respecta a la defensa de las garantías del derecho a la nacionalidad y la ciudadanía.

¿Quién vela por el respeto de los derechos ciudadanos de los dominicanos y dominicanas, y, en particular, de los dominicohaitianos y dominicohaitianas "suspendidos en su condición de ciudadanos" por la Junta Central Electoral?




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