martes, 28 de agosto de 2007

Para Subero corrupción es igual que narcotráfico

 La corrupción es un flagelo tan lacerante para la sociedad como el narcotráfico. Así lo consideró ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.
 
"Si hay corrupción sin sanción, lo que hacemos es alimentar el apetito de personas", dijo al recibir una compilación sobre la legislación aduanal de manos del director de Aduanas, Miguel Cocco.
 
Subero opinó que la única forma en que los funcionarios podrían controlar ese mal es poniendo un techo a sus aspiraciones o la corrupción no se detendrá. "O sea que el que quiere enriquecerse que abandone la función pública y que se vaya al sector privado", dijo. 


William Alcántara
Abogado-Periodista
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lunes, 27 de agosto de 2007

Las Medidas de Coerción en la República Dominicana

OpinionSur.Com




Las Medidas de Coerción en la República Dominicana

Por William Alcántara
Abogado


Vamos hablar sobre las "medidas de coerción" que han sido establecidas en el Nuevo Código Procesal Penal.

Las medidas de coerción o cautelares son instrumentos procesales que se imponen durante el curso de un proceso penal, con el objeto de restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas.

Estas medidas son cautelares porque tienden a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar el efectivo cumplimiento de la posible condena. Si luego de comprobada la culpabilidad del imputado en juicio, éste pudiera sustraerse al cumplimiento de la sanción; la justicia se vería burlada y la sociedad perdería la confianza en el Derecho.

Las medidas de coerción pueden ser de carácter personal y de carácter real. Las medidas cautelares de carácter personal tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar que obstaculice la averiguación de la verdad.

Las medidas cautelares de carácter real tienen como finalidad garantizar la reparación del daño y el pago de costas o multas. Las medidas cautelares sobre bienes sujetos a confiscación o decomiso tienen como finalidad asegurar que dichos bienes queden a efectos de prueba en el proceso.

El Articulo 222 del Código Procesal Penal establece como Principio General que "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción tienen carácter excepcional y sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. La resolución judicial que impone una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable en cualquier estado del procedimiento. En todo caso, el juez puede proceder de oficio cuando favorezca la libertad del imputado."

Las Medidas de Coerción han sido definidas por el tratadista Cuéllar Cruz como "aquellas que pueden adoptarse motivadamente por el órgano jurisdiccional contra un presunto responsable de un hecho delictivo al estimarse dos aspectos esenciales: por una parte, la existencia de una imputación basada en la constatación objetiva de un hecho típico y en la probabilidad razonable de quien sea su autor; y por otra, en la fundada responsabilidad de ocultación personal o patrimonial del imputado en el curso del procedimiento penal, teniendo como finalidad única y legítima el garantizar los efectos penales y civiles de una futura sentencia condenatoria."

En la próxima entrega hablaremos de cuáles son esas medidas de coerción que en nuestros tribunales se están aplicando. (16 de Junio del 2007)


William Alcántara & Asociados
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domingo, 26 de agosto de 2007

Trabajadores se quejan de Senadores por respaldar ley perjudicial

 El Presidente de la Conferencia Nacional  de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, señaló que el proyecto que considera como saldo definitivo las prestaciones anuales recibidas por trabajadores de zona franca hasta el año 2005 no resolverá los problemas de las zonas francas y por el contrario afectará a los trabajadores, por lo que llamó a los senadores a no aprobarlo.
 En reunión celebrada por la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado de la República, con sectores interesados, Abreu se quejó de que algunos senadores pretendan apoyarlos en contra de los trabajadores, y llamó a los legisladores a no dejarse confundir, porque si las zonas francas están mal, también lo están los trabajadores.
 A la reunión, celebrada uno de los salones de Comisiones del Senado, asistieron el Secretario de Estado de Trabajo, sindicalistas y empresarios de zona franca, y estuvo presente el presidente del Senador, doctor Reinaldo Pared Pérez..
 El senador Prim Pujals, presidente de la comisión, explicó que se escuchó la opinión de los sectores interesados sobre este proyecto de ley, que dispone que las sumas recibidas y aceptadas cada año por los trabajadores hasta el primero de enero del 2005, se consideren como saldo liberatorio por concepto de sus prestaciones laborales.
 Hablaron el Secretario de Estado de Trabajo, José Ramón Fadul, el empresario Fernando Capellán, presidente de la Federación Nacional de Zonas Francas, entre otros. Igualmente, participaron, además de los legisladores miembros, el presidente y la vicepresidenta de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez y Cristina Lizardo.


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domingo, 19 de agosto de 2007

El fiscal y la fuerza pública

Por William Alcántara
Abogado
El Ministerio Público de San Cristóbal debe ser cuidadoso y sopesar muy bien antes de dar la autorización de la fuerza pública para ejecutar un embargo o un desalojo.
Los daños que producen un desalojo o un embargo inmobiliario tienen repercusiones transcendentales en la familia en que se ejecuta, y el Fiscal no debe dejarse sorprender y otorgarla de manera melaganariamente.
La Fuerza Pública es quizás el último recurso que se puede apelar; por lo que es necesario que agotar todos los medios habidos y por haber para no llegar a ese extremo.
La concesión del auxilio  de la Fuerza Pública para la realización de la medidas de ejecución judicial, constituyen una atribución exclusiva del Ministerio Público, conforme lo establece el Articulo 16, letra q), de la Ley 78-03, del 15 de abril de 2003, que instituye el Estatuto del Ministerio Público, cuando refiriéndose a sus atribuciones prescribe: "Art.16: q) Otorgar a los funcionarios correspondientes el auxilio de la fuerza pública para garantizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales";
El artículo 234 del Código Penal, constituye una obligación de los encargados y depositarios de la fuerza pública, prestar el auxilio de la fuerza pública, siempre que legalmente proceda;
El Ministerio Público está en la obligación de otorgar la fuerza pública al ministerial que se la solicite de manera formal, siempre y cuando dicha solicitud proceda legalmente, a los fines de preservar, tanto la integridad física de dicho oficial, como la ejecución de la sentencia o disposición legal objeto del requerimiento.
La Resolución No. 14379 dictada por el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, señala que el "auxilio de la fuerza pública es un servicio público por lo que su otorgamiento debe estar reservado de manera exclusiva para aquellos casos en los cuales resulte necesario y sea procedente, de conformidad con la ley".
Ojalá que el titular del Ministerio Público de San Cristóbal no se deje volver a sorprender y de la autorización de la fuerza pública sin antes verificar los documentos que sustenten tal pedimento.
El Ministerio Pública es el representante de la sociedad y por ningún concepto debe ofrecer su firma para atropellar y llevar la intranquilidad al seno de ninguna familia.
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William Alcantara & Asociados

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